Las amenazas cibernéticas acechan por todas partes, no sólo desde los ordenadores personales. La Comisión Europea ha tomado conciencia del riesgo permanente que ofrecen el universo creciente de dispositivos conectados para reforzar la seguridad. El objetivo inicial consiste en regular desde su fabricación una serie de requisitos técnicos para todos los gadgets. Eso no solo afecta a los móviles, sino también a tabletas, televisores, relojes inteligentes, pulseras de actividad, artículos de puericultura como monitores para bebés y hasta los juguetes con conexión a la red.
«Estamos estableciendo nuevas obligaciones legales para salvaguardar la ciberseguridad de los dispositivos electrónicos», explica Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva para Una Europa Adaptada a la Era Digital y comisaria europea de Competencia.
Según ha explicado la Comisión Europea, las nuevas medidas pretenden «mejorar la resiliencia de la red», de forma que «los dispositivos y productos inalámbricos tendrán que incorporar funciones para impedir que dañen las redes de comunicación y para evitar la posibilidad de que se utilicen para perturbar la funcionalidad de los sitios web u otros servicios».
Protección de la privacidad
Las mismas fuentes abogan por mejorar la protección de la privacidad de los consumidores, con funciones que garanticen el blindaje de los datos personales. A modo de ejemplo, «los fabricantes tendrán que aplicar nuevas medidas para impedir el acceso no autorizado a datos personales o su transmisión sin autorización». La misma regulación también pretende «reducir el riesgo de fraudes económicos, con un mejor control de la autenticación del usuario.
Los estudios promovidos desde Bruselas han constatado el riesgo que suponen ciertos «juguetes que espían las actividades de los niños o sus conversaciones; los datos personales no cifrados almacenados en nuestros dispositivos, incluidos los relacionados con los pagos, a los que se puede acceder fácilmente; e incluso los equipos que pueden hacer un mal uso de los recursos de la red y reducir así su capacidad».
A partir de ahora, y en el supuesto de que el Consejo y el Parlamento no formulen objeciones, la iniciativa entrará en vigor en los dos próximos meses. Por lo tanto, a partir del 1 de enero de 2022, «los fabricantes dispondrán de un período transitorio de treinta meses para empezar a cumplir los nuevos requisitos legales». Según explica la CE, se ofrece a la industria «tiempo suficiente para adaptar los productos correspondientes antes de que entren en vigor los nuevos requisitos, hacia mediados de 2024 si se cumplen las previsiones».
Al mismo tiempo, el ejecutivo comunitario moverá las piezas necesarias para que las organizaciones europeas de normalización puedan elaborar normas al respecto y que los fabricantes se preparen a los futuros requisitos técnicos.
Fuente: El Economista