La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recibió el año pasado 15.128 reclamaciones, un 9% más que en 2021 y un 47% más que en 2020, y si además se suman los casos transfronterizos y aquellos en los que la Agencia actuó por iniciativa propia, el número asciende a 15.822.
Pese a esta cifra récord, la AEPD resolvió un 6% más de reclamaciones que un año antes, en parte gracias a los traslados, una medida que para agilizar los procedimientos permite trasladar la reclamación al encargado del tratamiento de datos quien, tras analizar el caso, la mayor parte de las veces, da una respuesta satisfactoria para el ciudadano en unos 82 días de media.
Con ello, la AEPD logró que, en 2022, solo el 11% de las resoluciones acabaran en sanción, frente al 79% que se resolvieron mediante el traslado, según datos de la Memoria 2022 de la AEPD difundida hoy por el organismo.
Por temas, en 2022, la mayoría de reclamaciones se referían a servicios de internet (15%), videovigilancia (15%), recepción de publicidad (excepto spam) (13%), inserción indebida en ficheros de morosidad (8%) y reclamación de deudas (6%), según la AEPD.
Por otra parte, en 2022, se han duplicado las reclamaciones gestionadas a través del Canal Prioritario ‒para pedir la retirada urgente de contenido sexual o violento publicado en internet sin el permiso de las personas que aparecen‒ que han tenido una tramitación urgente.
Según la Memoria de la AEPD, se han realizado 51 intervenciones y se han retirado los contenidos sensibles con inmediatez en más de un 90% de los casos.
Además, el año pasado se plantearon casi 2.400 cuestiones ante el Canal Joven de la Agencia, el 30% más que en 2021, la mayoría (32%) de madres y padres con dudas sobre el tratamiento de datos de menores en el ámbito educativo y el personal.
Muchas de las consultas se referían a la publicación de imágenes de menores por familiares en redes sociales, en especial cuando los progenitores están separados, unas cuestiones que deben resolverse ante el juez competente, recuerda la AEPD.
En el plano educativo, han subido las consultas de docentes y directores de centros educativos (8%) sobre tratamientos de datos en los centros escolares, aunque también han aumentado las consultas de empresas privadas (8%) que tratan datos personales de menores y que dudan sobre el tratamiento de datos de videovigilancia o la publicación de imágenes en las competiciones organizadas por las Federaciones Deportivas.
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Y 20 MILLONES EN MULTAS
Respecto a los procedimientos sancionadores, la AEPD finalizó 481, principalmente de vigilancia (29%), seguida de los servicios de internet (15%), los procedimientos relacionados con las Administraciones Públicas (9%) y las brechas de datos personales (6%).
El hecho de que en esas áreas se realizaran un mayor número de procedimientos sancionadores no implica que sean estas las que mayor número de sanciones acumulan.
En ese sentido, la Agencia ha impuesto 378 resoluciones que han finalizado con la imposición de multa.
Las seis áreas con mayor importe global de multas fueron Internet (11.492.201 euros), publicidad -excepto spam- (2.291.800 euros), asuntos laborales (2.198.800 euros), brechas de datos personales (821.800 euros), contratación fraudulenta (706.800 euros) y telecomunicaciones (632.000 euros).
Estas seis áreas acumulan el 87% del importe global de sanciones, que en 2022 ascendió a 20.775.361 euros.
Sobre los casos transfronterizos, la AEPD lideró 15 en 2021 como autoridad principal y ha cooperado como autoridad interesada en más de 200, y ha recibido 1.142 peticiones de ayuda y consulta de otras autoridades europeas.
En lo referente a las sentencias de la Audiencia Nacional sobre recursos interpuestos contra resoluciones de la Agencia, de las 59 dictadas en 2022, 50 (el 85%) fueron desestimatorias o inadmitidas, y, por su parte, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia favorable a la Agencia.
En cuanto a la figura del Delegado de protección de datos (DPD), el año pasado había 103.350 frente a los 82.249 DPD de 2021 (de estos, 91.221 estaban en el sector privado y 9.129 en el público). EFE
FUENTE: LA VANGUARDIA